“Trabas para el financiamiento a proveedores del sector público”

Por: Tomás Cox

Abogado miembro del Comité Ejecutivo de Achef, (Asociación Chilena de Empresas de Factoring)

El 15 de diciembre del año 2004, es decir, hace 15 años, se publicó la ley 19.983 que regula la cesión de los créditos que constan en facturas y le otorga mérito ejecutivo a su copia cedible. La norma señalada, junto con alentar la competencia dentro del sector financiero, significó que múltiples empresas pudieran optar al mercado financiero formal, beneficiándose de condiciones cada vez más competitivas.

Dentro de las reformas que ha sufrido la ley, todas y cada una han buscado dotar de autonomía al título y hacerlo seguro jurídicamente. Así, destacan la introducida por la ley 20.323, la cual hace inoponibles a los cesionarios las excepciones personales y aquella dispuesta por la Ley 20.956 del año 2016, que elimina la obligación de la aceptación expresa en el recibo respectivo o guía de despacho, atribuyéndole al silencio una manifestación de voluntad. Como hemos señalado, la ley 19.983 y sus reformas han seguido un derrotero claro y consistente, asemejando la copia cedible de la factura a un título crédito.

Sin embargo, a propósito de la dictación de la ley 21.131, la cual modifica la ley 19.993, poco se han analizado pasajes de la ley, que desmejoran sustancialmente la posición de las empresas que ofrecen sus bienes y servicios a determinados entes de la Administracion de Estado. En efecto, aparece el artículo 2º quater, el cual, junto con acortar los plazos de pago a proveedores de los organismos públicos, afectos a las normas de la ley Nº 19.886, establece que, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente dicha entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquella dentro del plazo establecido en el artículo 3º de esta ley, es decir, establece como requisito de exigibilidad, un instrumento aparte de la factura, emitido por el propio deudor.

Como se podrá adivinar, la reforma en comento, no solo viene en modificar la dirección legislativa de los últimos 15 años en la materia, debilitando la factura como instrumento negociable cuando el pagador es el sector público, sino que, además, establece diferencias arbitrarias en favor de ese mismo sector, con el consecuente detrimento a la pequeña empresa, la cual tendrá trabas para conseguir financiamiento competitivo.

 

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